A partir de hoy lunes 27 de mayo y hasta el 3 de junio, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR) procederá con el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), por los 32 estados del país para atender las denuncias que los ciudadanos presenten con motivo de la jornada electoral, en la que podrán votar más de 98 millones de mexicanos.
En el comunicado 267/ 24 de la FGR de ayer domingo 26 de mayo se destaca el despliegue ministerial de la Fiscalía Electoral:
“El 2 de junio estarán en juego 20 mil 708 cargos públicos, 629 corresponden al orden federal, entre los cuales se encuentra la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Es por ello que podemos clasificar esta elección como una de las más grandes y complejas de nuestro país, y en ese contexto la FISEL juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas”, así lo dijo el titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, ante el personal que tendrá presencia en los estados.
Ya cuatro días antes en el comunicado FGR 258/24 del pasado miércoles 22 de mayo el propio Ortiz Pinchetti había advertido había advertido de “cero tolerancia a los delitos electorales”.
Sin embargo desde fechas atrás desde Morena y del mismo poder presidencial se observado lo de un posible fraude en los comicios del próximo 2 de junio lo que ha provocado amplios considerandos públicos, dado que quién tendría mas poder para perpetrar un fraude si no es que el Estado; y más ahora con posturas que han llamado la atención con un INE de por medio con la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala que llegó hasta expresar su crítica por el color del movimiento ciudadano Marea Rosa. Aparte del peso de conciencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien salió con el pronunciamiento público que el gobierno neolonés cubriría 400 mil pesos de indemnización a deudos de los nueve fallecidos durante la tragedia registrada en el evento de Movimiento Ciudadano en el municipio San Pedro Garza, colindante de Monterrey:
La parte que debió de haberse hecho responsable debió de haber sido Movimiento Ciudadano, por lo que la conciencia que ha traicionado al gobernador citado lo hacen ver como un responsable directo. Pero. no se ha ido a fondo con la actuación ministerial, que desde Palacio Nacional se haya exonerado, es otra cosa.
Sólo se dio un cruce epistolar con el muy reconocido, y más en lugares de ruta ciclónica como Los Cabos, el Sistema Meteorológico Nacional –SMN—en cuanto a que si se advirtió o no de las condiciones climatológicas, lo que por supuesto se dio. Y la justificación aludida por Máynez y el gobierno de Nuevo León que fue algo “atípico” lo que tiene el peso sin embargo de indolencia criminal.
El despliegue ministerial de la Fiscalía de Delitos Electorales (Fisel) por igual lo deberán de tener muy en cuenta los liderazgos sudcalifornianos del PAN, PRI y PRD los que en el 2021 exhibieron omisión o complicidad para no acudir ante la respectiva instancia ministerial electoral para denunciar y por tal se procediera penalmente contra lo que se limitaron en llamar en conferencia de prensa “múltiples inconsistencias” con las que se estaban dando los resultados preliminares y que no otra cosa que los números de votos y votantes no correspondían a las actas de las casillas electorales. Fue la espalda a la certeza electoral.
En este 2024 son los mismos dirigentes partidistas del 2021. Con el reinicio de Tecla 7/6, luego de una grata ausencia de tres años que entre otras experiencias nos dio la oportunidad de fotografiar en Chiapas a una mamá cocodrilo con sus bebés en la cabeza y en otro pasaje subir hacia el Pico de Orizaba, o andar con mi madre (la que hoy nos saluda desde la bóveda celestial) acompañándola con su silla de ruedas por la calle empedrada oaxaqueña seguidos por la música del grupo de mariachis, queda entre las líneas de la columna la pregunta, que hoy se vuelve a repetir: los dirigentes del PAN, PRI y PRD ¿harán lo mismo con sub omisión o entreguismo que en el 2021?
Pues, de entrada de acuerdo al referido comunicado FGR 258/24, el fiscal electoral comentó que la institución a su cargo cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con los delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que tiene a su cargo a las 32 fiscalías federales de la FGR.
Señaló que el despliegue ministerial forma parte del trabajo previo que se desarrolló en coordinación con la FGR, y con el propósito de contar con personal calificado más de 7 mil funcionarios públicos (ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas) profundizaron sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De igual forma, exhortó a la población a denunciar los delitos electorales a través de los Sistemas de Atención Ciudadana: FISENET (www.fisenet.fgr.org.mx) y FISETEL (800 833 7233).
Entre los hechos ilícitos están la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.
Otras conductas que también son sancionables, la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos electorales oficiales y el acarreo de votantes el día de las elecciones que influyan en el sentido del voto.
El sistema de atención FISETEL cuenta con un equipo de 100 operadores telefónicos que ayudarán a los ciudadanos con sus dudas, y en su caso, para levantar una denuncia que será turnada a los ministerios públicos especializados en delitos electorales.
La tarea de la FISEL es investigar, perseguir y sancionar las conductas delictivas como son la compra o coacción del voto, retener la credencial de elector sin causa justificada, el uso de programas sociales federales con fines electorales, el uso de bienes o servicios federales para beneficiar a algún candidato y la violencia política contra las mujeres en razón de género.
