David Rojo
Entre 700 mil y un millón 200 mil pesos podría ser la cotización por vivienda en el programa nacional que en la materia impulsará la presidenta Claudia Sheinbaum y para lo cual el Infonavit aplicaría los respectivos financiamientos con cero intereses.
El programa contemplaría reservas territoriales federales o estatales, y en caso necesario –de no existir las respectivas reservas– se entablarían negociaciones con los propietarios de la tierra en los lugares considerados dentro del programa nacional de vivienda, en este caso Los Cabos.
La cuestión es si habrá diálogo transparente y efectivo de parte de los gobiernos estatal y municipal con el gobierno federal dada la vulnerabilidad de la Ley de Protección Civil de Baja California Sur que exhibe casos extremos de corrupción e impunidad con Unidades Habitacionales en medio de los arroyos.
La Ley estatal de Protección Civil es clara al advertir de vivienda segura y protegida, lo que no pasa en Los Cabos.
Entonces, qué plan de vivienda se aplicará en Los Cabos con el programa federal que beneficiará a miles de familias, con otras miles de familias en condición de peligro para sus vidas y bienes al estar atendiendo en zonas de riesgo.
Si va a haber vivienda segura y protegida con este plan de vivienda federal en Los Cabos, la pregunta es obligada sobre si habrá reubicación de las familias a las que les despojaron de sus créditos del Infonavit con viviendas en medio de los arroyos.
Es un tema hasta ahora no abordado durante los tres años que van del sexenio 2021-2027 de la gubernatura sudcaliforniana ni referido por las tres administraciones morenistas al hilo en Los Cabos.
Despierta gran interés que Los Cabos haya sido considerado en el plan federal nacional de vivienda, no sólo por gran necesidad que hay sobre el particular sino por la sacudida que pueda provocar a omisiones y complicidades en la materia.
No hay mucho qué decir sobre el tema, sino mucho qué esperar: vivienda, sí; justicia, también.
