David Rojo
Finalmente, a la iniciativa del gobernador Víctor Castro con la que se pretendía la fiscalización de las reuniones o encuentros sociales, académicos, religiosos, deportivos, artísticos, de paseos o concentraciones de playa u otros eventos masivos “sin fines de lucro” en Baja California Sur, y el extraordinario incremento a otros cobros por un endeble argumento por protección civil, se ha dado un alto.
La Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, sin ninguna observación por la aún incomprensible iniciativa había dado un primer paso en favor de tan cuestionable pretensión del Gobernador Castro de la fiscalización social al pronunciarse con el visto bueno legislativo de lo que refirió de “sentido positivo” para que se pagaran por cada evento masivo sin fines de lucro un mil 470.82 pesos; aparte incrementos de más del 800 por ciento en otros cobros.
En Los Cabos, organismos como la Canaco y el CCC -Consejo Coordinador Los Cabos– habían expresado por igual su preocupación sobre el tema.
Sin embargo, el alto a tal pretensión se dio ayer con un paso atrás de la propia Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos de la legislatura sudcaliforniana. Se informó:
“…el proceso de dictaminación de la iniciativa para reformar la fracción V del artículo 16 de la Ley de Derechos y Productos ha sido detenido de manera temporal”.
Por tal, se indica: “Esta determinación significa que, por el momento, no habrá modificaciones ni incrementos en las tarifas relacionadas con los servicios que brinda la Subsecretaría de Protección Civil; todos los cobros y procedimientos actualmente vigentes se mantienen sin cambios”.
Sin más.
