David Rojo
La contradicción plantea un yerro que, por tal, obliga al cuestionamiento público:
–¿Cuál es el costo social y su impacto en las condiciones mismas para mayor depredación en contra de un sector económico sudcaliforniano?
Conapesca tendría más unidades terrestres que marinas para la vigilancia de los más de dos mil kilómetros de litorales de Baja California Sur, es decir dos embarcaciones y nueve vehículos. Y por si esta referencia no fuera de por sí cuestionable, para la vigilancia de los litorales sudcalifornianos habría apenas siete Oficiales Federales de Pesca.
En el reporte de información Impugnadas y anuladas: ¿qué está pasando con las sanciones emitidas por Conapesca en México?, difundido por Aristegui Noticias y acreditado a Daniela Reyes/Mongabay se observa:
“En México hay 60 embarcaciones, 103 vehículos y 166 oficiales federales de Pesca encargados de asegurar el cumplimiento de las leyes de pesca, combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marinos y acuícolas de 11 122 kilómetros del litoral nacional. Esto equivale a cinco inspectores, dos embarcaciones y tres vehículos por estado”.
En el trabajo informativo (https://aristeguinoticias.com/1901/naturaleza/impugnadas-y-anuladas-que-esta-pasando-con-las-sanciones-emitidas-por-conapesca-en-mexico/), Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señala que si no hay condiciones mínimas, como personal y herramientas, el sistema para sancionar infracciones de pesca falla.
“La Conapesca es una institución totalmente rebasada para los más de 11 000 kilómetros de litoral. Un área jurídica sin importancia en términos de recursos es una receta para la mala vigilancia y expedientes frágiles que se pueden impugnar con facilidad”, señala Olivera.
Aparte, Rodrigo Elizarrarás, director general de Humint Mx, una consultora especializada en el análisis de riesgos sociales, políticos y de seguridad, indica: “Es muy poco personal para cubrir toda la extensión de territorio a través de los recorridos. La mayoría de los casos que procesan son algunos infraganti, pero la mayoría es a través de denuncias”.
Además:
“La Conapesca no tiene capacidad jurídica ni capital humano para hacer las investigaciones, por eso hay un retraso en los procedimientos legales y administrativos, por falta de personal”, señala José Luis Carrillo, el presidente de la Conmecoop.
De acuerdo con Olivera, si el sistema para sancionar infracciones en temas de pesca es débil, no hay ningún tipo de disuasión para quienes hacen pesca ilegal y eso termina afectando principalmente a los recursos pesqueros y a quienes viven de ellos.
“La anulación de casos alimenta la impunidad porque el mensaje que envía es que es fácil evadir las sanciones y elimina la disuasión. Si las sanciones se caen, se debilitan las medidas básicas de manejo y quienes terminan pagando todo el costo son las especies, los recursos pesqueros y la confianza de las comunidades”, señala Olivera.
Y en efecto si las sanciones se caen hay lamentables repercusiones en el sector pesquero y las propias especies marinas, como observa Olivera. De lo que incluso en el llamado Acuario del Mundo, ya se tiene el brutal costo de la depredación marina con la casi extinción de la Vaquita Marina en el Alto Golfo de California, ¿qué sigue, entonces, con los litorales sudcalifornianos?
Por igual ante estructuras débiles operativas como Conapesca, queda expuesta la pesca deportiva, lo que ha propiciado más de una protesta en Los Cabos y en diferentes foros nacionales en contra de la pesca ilegal.
No sólo se ha dicho en Los Cabos, ahora la cita del referido Olivera en Aristegui Noticias:
“Quienes terminan pagando todo el costo son las especies, los recursos pesqueros y la confianza de las comunidades”.
Realidad que sacude.
¿Qué dicen el gobernador Víctor Castro y el Congreso sudcaliforniano?
Y desde luego, ¿qué se va a hacer?
