David Rojo
No queda en claro la reacción de la Senadora por Baja California Sur, Lucía Trasviña –que preside la estratégica comisión de Seguridad Pùblica del Senado– ni del propio Senado de la República en cuanto a los indicadores sobre el ingreso salarial de los policías en México que debió de haber expuesto ante los senadores, Omar García Harfuch, titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y no queda en claro hasta el momento la reacción de la senadora sudcaliforniana ni de los propios gobiernos locales sudcalifornianos –quien en alguna ocasión fuera candidata a delegada municipal de La Ribera, en Los Cabos– dado que la situación de los ingresos salariales de la policía sucaliforniana, considerados entre los más bajos del país, no han sido motivo de pronunciamiento alguno ni reconsideración, no obstante la sacudida dada en días recientes a la soberbia política y empresarial local de pretender que todo estaba bien en materia de seguridad por presuntos reportes de papel de baja percepción de inseguridad ciudadana.
La contradicción de los datos de papel en relación a la percepción social de inseguridad, ha sido exhibido entre otros hechos por los cuestionables ingresos mensuales de quienes tienen la tarea de ver por la seguridad.
El Senado –y en particular la Senadora Trasviña– no ha asumido la tarea de convertirse en un eje funcional o influir para la mejora presupuestal policial en el apartado estatal de policía ni en el respectivo municipal.
Levanta más polvo entre actores locales el acelere político por el año político-electoral del 2027 –en el que estarán en juego la gubernatura, presidencias municipales y las diputaciones locales del Congreso– que el planteamiento –desde estas mismas fechas– con recursos y fechas a graves problemas locales, entre cuyos temas no se puede ignorar la realidad salarial en las estructuras de prevención policial e integración ministerial en la persecución y proceder en contra del delito.
El discurso político se atropella por la ausencia de soluciones. Y ante el costo social por políticas fallidas, corrupción e impunidad, en la principal tribuna sudcaliforniana que es el Congreso la omisión se deja arrastrar, además, por la indolencia e indiferencia.
En el colmo de la indolencia política se hacen foros legislativos por protección civil, pero la legislatura sudcaliforniana mira hacia otro lado, como aplaudiendo a la impunidad con los desarrollos habitacionales en medio de arroyos de Cabo San Lucas y de San José del Cabo.
Así se está ante el tema de los ingresos salariales de la policía. NO se puede mirar hacia otro lado ni quedarse en el confort de percepciones de presunta baja inseguridad que, finalmente, se exhiben de papel.
