David Rojo
Contradicción.
La Tercera Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos se pronuncia por el desuso de un tramo de 4 kilómetros del camino costero a Cabo del Este (entre La Playa y Cabo Pulmo) con incongruente argumento, dado en el seno de la mayoría del cuerpo edilicio cabeño, por la supuesta defensa de la propiedad privada, cuando en contradicción miles de familias en Los Cabos tienen sus propiedades privadas en zonas de riesgo y a otras tantas sin justicia social, olvidadas, marginadas, sin ningún pronunciamiento edilicio a su favor, se les vendieron viviendas en Unidades Habitacionales por las que se liberaron licencias municipales de construcción en medio de arroyos en Cabo San Lucas y San José del Cabo.
La Senadora Lucía Trasviña en documento y postura oficial en el Senado en contra; el diputado federal Manuel Cota Cárdenas en diálogo con el columnista: “en contra de las formas empleadas y preocupado por el impacto que pudiese generar, a futuro, para próximas generaciones”.
Lo de la supuesta defensa de la propiedad privada que se aludiera para lo del desuso carretero, se entrampó aún más con la expresión edilicia del si no “para qué gobernamos”.
En efecto no sólo para qué se gobierna, sino para quién.
No hay justicia para quienes les destrozaron la ilusión de tener su patrimonio familiar con vivienda digna y segura. A cada amanecer ven que su propiedad privada se encuentra en medio del arroyo.
Sí, bien por la reflexión edilicia: “para qué gobernamos”. Y entonces, “para quién gobiernan”.
Hay un pronunciamiento edilicio por el desuso carretero en defensa de la propiedad privada, pero no hay ningún pronunciamiento por el desuso de esas Unidades Habitacionales en medio de arroyos en Cabo San Lucas y de San José del Cabo, y a cuyas familias obreras por tal se les debería de reubicar, dado que Los Cabos se encuentra en medio de la ruta ciclónica.
Argumentar un propósito urbano edilicio cabeño por la propiedad privada, cuando hay miles de viviendas en condición de riesgo, resulta un mal argumento.
Y cuando de la parte edilicia se da la expresión del “para qué gobernamos”, hay miles de familias obreras asentadas en zonas de riesgo a las que no obstante se les ignora.
Sí, está el Plan Nacional de Vivienda que incluye a Los Cabos. Pero, nada se ha dicho si se demolerán las Unidades Habitacionales construidas en medio de arroyos; con las lluvias (que no huracán de noviembre de 1993) que exhibieron la condición de riesgo en San José del Cabo de la Unidad Habitacional Infonavit-Ricardo Flores Magón, se procedió, finalmente, a la demolición total de ese desarrollo habitacional josefino.
Y en las Unidades Habitaciones de Chulavista en Cabo San Lucas y Puerto Nuevo en San José del Cabo, en el 2017 los efectos de la tormenta tropical “Lidia” hicieron colapsar dos edificios.
Y sin embargo esos monumentos a la corrupción e impunidad siguen ahí con vidas y bienes en peligro. Sin justicia para las familias, y sin el “para qué gobernamos” argumentado en Cabildo de Los Cabos.
Sobre el desuso carretero por el que se diera el pronunciamiento edilicio, la Senadora Trasviña propuso en el Senado que se procediera como Punto de Acuerdo por el que se exhortara “respetuosamente al H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, y al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), a reconsiderar la eliminación del camino costero a Cabo del Este en la Tercera Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, a fin de garantizar el derecho al libre tránsito, el acceso público a las playas y el desarrollo sostenible de la región, conforme a los marcos normativos nacionales e internacionales”.