David Rojo
Fue más de una alerta dada en Tribuna de Los Cabos del presente que se perdía.
Políticas públicas municipales fallidas, corrupción e impunidad, cercando el desarrollo urbano. La triste y lacerante realidad de Los Cabos referida desde palacio nacional en octubre del 2024, que sin embargo no ha pasado del decir: sin responsables ni corrección al desastroso desarrollo urbano.
El domingo 29 de octubre de 2017 redacté el encabezado principal de aquella edición impresa matutina:
PDU rosado, realidad amarilla.
En aquella ocasión el periodista David Rojo Pacheco había realizado un trabajo periodístico en el que se cuestionaba la pretendida actualización del Plan de Desarrollo Urbano –en aquel año– “sin una ruta crítica para subsanar el rezago urbano”.
El sumario de aquel encabezado principal remataba la realidad local:
“La óptica de unos en papel, los padecimientos de muchos en los hechos”.
Cuando la circulación de aquella edición de Tribuna de Los Cabos de octubre, el PAN ejercía el poder político en la gubernatura y por igual en la presidencia municipal de Los Cabos: con el paso de la tormenta Lidia, un mes antes en septiembre de 2017, había colapsado un edificio en el fraccionamiento Chulavista y otro en el de Puerto Nuevo para cuya edificación en medio de arroyos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, respectivamente, en el trienio 2008-2011 se autorizaron licencias municipales de construcción.
No hubo responsables; las familias se quedaron en los arroyos.
El PAN perdería el ejercicio del poder.
Suman ya tres gobiernos municipales al hilo de la llamada 4T.
Sí, a casi ocho años de Lidia centenares de familias siguen en esos edificios en medio de arroyos.
Y a casi ocho años años de aquella edición el PDU ya no es rosado, es rojo como la propia realidad local:
No hay ni acciones ni estrategias con montos y tiempo; se recrudeció el desabasto de agua potable, es del todo preocupante el déficit en el tratamiento de aguas residuales, es brutal el problema de la movilidad urbana, es una falacia lo del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental –pero si son ciertos los centenares de millones de pesos que se proyectan por el pago de tal derecho de huéspedes de la hotelería en Los Cabos– y resulta del todo agravio social que en contraste al éxito internacional del destino turístico, las familias obreras vivan en zonas de riesgo, carentes de elementales servicios pùblicos.
Casi ocho años después de aquella edición de Tribuna de Los Cabos la indolencia sigue de la mano del poder político municipal: ahora se defiende a la propiedad privada de potenciales inversionistas –“sino para qué se gobierna”, se dijo en el XV Ayuntamiento de Los Cabos– con el desuso de cuatro kilómetros, con frente de playa, del camino costero a Cabo Pulmo, pero se ignora por completo la propiedad de esas miles de familias con vidas y bienes en peligro en las zonas de riesgo y en donde se han liberado, además, sin responsables licencias municipales de construcción.
El cinismo político impuesto al costo social.
El presente perdido.
