La denuncia que dio origen a la detención del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, se sustenta, de manera fundamental, en un hecho falso y en presuntas “pruebas” que no soportan el análisis más elemental. Lejos de justificar una acción de la magnitud de la detención, que incluyó la movilización y el apoyo de la Guardia Nacional, expone la desproporción y el carácter arbitrario del operativo, y evidencia las falsedades difundidas por la Fiscalía de Nuevo León para intentar justificar una detención abusiva.
La denuncia, presentada en el estado de Nuevo León, y a la cual el equipo legal de VANGUARDIA tardó varias horas en tener acceso, comprende la narración de una supuesta entrega de dinero para un proyecto inmobiliario. Sin embargo, el “denunciante” ubica tal hecho en una fecha, el 27 de agosto de 2025, en la cual el Director General de esta casa editora se encontraba en Colombia, atendiendo un evento de la industria de prensa.
Así mismo, el relato del denunciante refiere que fueron 700 mil pesos la cantidad que habría entregado como “anticipo” para la compra de un lote de terreno en Saltillo. Esa cantidad contrasta con la información falsa que difundió la Fiscalía de Nuevo León, respecto a un supuesto fraude por un terreno con valor de 3 millones de pesos.
Además, en ningún momento de la narración de hechos de la denuncia se refiere la existencia de algún recibo, o la suscripción de un contrato relacionado con la presunta entrega del dinero, un elemento esencial que debería exigir cualquier persona que pretende participar en un negocio lícito.
Para decirlo con absoluta claridad: la denuncia está basada exclusivamente en dichos, sin referir la posesión de ningún elemento de prueba. Y, dado que el elemento fundamental de la “acusación” es falso, todos los elementos de la “carpeta de investigación” están entonces afectados de falsedad. Se trata de una burda fabricación imposible de sostener.
Resulta preocupante en extremo que, a pesar de no existir fundamento alguno en el señalamiento, ni pruebas que aporten indicios en el sentido de que pudo cometerse un acto contrario a la ley, la Fiscalía de Nuevo León destinara recursos para “armar un caso” y luego llevara a cabo todo un operativo, con apoyo de la Guardia Nacional, para detener abusivamente al Director General dentro del aeropuerto de Monterrey.
Aún más preocupante es que ayer, a través de una comunicación oficial, la Fiscalía de Nuevo León mienta diciendo que el arresto ocurrió en “vía pública en Carretera Miguel Alemán, Apodaca, N.L.”(sic), cuando el arresto se registró en el aeropuerto de Monterrey, justo antes de que Armando Castilla pasara por el filtro de seguridad para abordar un vuelo a Guadalajara, con fines vacacionales.
Lo ocurrido refleja la maquinación burda en la que participan tanto la Fiscalía General como el Poder Judicial de Nuevo León, y evidencia el propósito único de toda la fabricación: dañar la imagen del Director General de esta casa editora.
Desde VANGUARDIA exigimos la inmediata liberación de nuestro Director General, una demanda que ni siquiera deberíamos expresar porque la maquinación merced a la cual fue puesto bajo arresto debería avergonzar a quienes la urdieron y perpetraron.
No debemos pasar por alto que todo lo aquí reseñado ocurre en un país que padece una crisis de seguridad que todos los días enluta familias, pues 52 personas, en promedio, son asesinadas violentamente todos los días; en un país en el cual grupos criminales imponen sus reglas a amplios segmentos de la sociedad sin que exista castigo para sus acciones, ni se perciba que el manto de la impunidad deje de protegerles.
Los hechos que hoy reportamos ocurren en un país donde cotidianamente se denuncian desfalcos millonarios por parte de servidores públicos que actúan a través de complejas redes delictivas las cuales revelan la existencia de una realidad de corrupción sistemática que, desde luego, no es investigada ni perseguida.
En VANGUARDIA tenemos claro que el trabajo periodístico implica riesgos. Llevamos medio siglo afrontándolos y ello nos ha generado una convicción inequívoca: ejercer la libertad de expresión acarrea costos que, como ocurre hoy, se traducen en experimentar episodios amargos.
Pero no tenemos ninguna duda respecto de la forma en la cual debemos cumplir con nuestra responsabilidad y que, con todo y los abusos del poder, habremos de prevalecer.
