David Rojo
El gobernador sudcaliforniano Víctor Castro se ha pronunciado por la “transformación”. Sin embargo, desde Baja California Sur se exhibe preocupante omisión respecto a proyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California (no sólo la planta proyectada en Topolobampo para producir 2 mil toneladas de amoniaco al día y que succionaría 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora).
No sólo se trata de un proyecto, sino de varios, cuya ubicación (sin aun hacerse pública) se mantiene bajo reserva oficial.
En reporte periodístico de Proceso, acreditado a Gloria Leti ia Díaz, se indica:
“En una segunda comunicación de especialistas de procedimientos especiales de la ONU, por las violaciones a los derechos humanos y poner en riesgo una zona clasificada por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de la Humanidad, se alerta al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre las amenazas que representa la operación de seis proyectos de gas fósil licuado en lo que es considerado el “Acuario del mundo”.
Se advierte:
“La alerta se centra en los eventuales daños a 12 áreas naturales protegidas (ANP), 33 sitios clasificados internacionalmente por su valor ambiental (Ramsar) que son, a su vez, asentamiento de territorios ancestrales de pueblos indígenas, donde están asentadas 11 millones de personas, algunas de ellas dedicadas a la pesca y al turismo”.
La reportera de Proxceso, Gloria Leticia Díaz, refiere que “el origen de las misivas está en una solicitud que hicieron en diciembre del año pasado 25 personas integrantes de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles mexicanas a las relatorías especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto el cambio climático y sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para que México y Estados Unidos proporcionaran “información completa, que escuchen a las comunidades antes de tomar decisiones y que garanticen el derecho a un medio ambiente sano”, así como abrir una investigación “seria e independiente para saber cómo las terminales podrían afectar la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias de la región del Golfo de California”.
Así, se observa:
“Tras referirse a cada uno de los proyectos, Terminal GNL de Sonora-Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LGN, GNL Cosalá, y los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, que convertirían a México en el cuarto exportador de gas fósil licuado del mundo, resaltaron que “la industria del GNL es responsable de la emisión de aproximadamente 2.3 gigatoneladas de CO2 al año a escala mundial”.
“Sólo tomando los datos aportados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Vista Pacífico, proyectada para la bahía de Topolobampo, Sinaloa, los expertos resaltaron que en las primeras dos fases de operación la planta emitiría 776 mil 653 toneladas de CO2 al año, mientras que en la fase tres, sólo por ese proyecto se “alcanzarían los 13.89 millones de toneladas métricas de CO2 al año”.
También, se señala:
“Al señalar que los proyectos de licuefacción de gas el uso de agua está muy comprometido –por las grandes cantidades utilizadas, por la contaminación por sustancias químicas peligrosas y el vertido de agua de lastre de las sentinas de los buques metaleros– los expertos hacen un recuento de las consecuencias para la biodiversidad del Golfo de California, para los pueblos indígenas y comunidades que viven de los productos del mar y el turismo, y en general a los derechos humanos.
“Los expertos destacaron que en la documentación disponible de los proyectos “no se ha revelado al público la localización geográfica exacta de la infraestructura de todos los proyectos mencionados, lo que impide la realización del derecho a acceder a la información y a una participación significativa y activa en los procedimientos de toma de decisiones relativos a las medidas que les afectan directamente a ellos y a los territorios en los que viven”.
CUESTIONAMIENTOS PARA EL GOBIERNO DE LA 4T
Además, en Proceso se cita:
“En la comunicación dirigida al gobierno de Claudia Sheinbaum los expertos formulan 11 cuestionamientos, entre ellos cómo “pretende respetar el compromiso de reducir sus emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta en un 30 por ciento”, establecido en la Contribución Nacionalmente Determinada actualizada de 2022 al Acuerdo de París, y cómo los megaproyectos “se ajustan a dicho compromiso”.
“Los relatores de la ONU también preguntan sobre otros lineamientos internacionales firmados por México, cuyo cumplimiento quedan en entredicho con la construcción de los megaproyectos, siendo estos los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
“Sobre las manifestaciones de impacto ambiental presentados por las empresas, se pregunta si “se han preparado con un enfoque basado en los derechos humanos, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático y los impactos acumulativos e interrelacionados sobre el ambiente, la biodiversidad y los tóxicos, así como los impactos sociales y culturales en las comunidades pertinentes ubicada en las zonas afectadas, incluyendo el derecho a la salud”.
“México también es cuestionado sobre los procesos de consulta, sobre las ubicaciones geográficas exactas de los proyectos, sobre las garantías de defensa de los pueblos inconformes con esos mega desarrollos en sus territorios y cómo se pretende “prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos relacionados con el cambios climático y otros efectos sobre los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, que las empresas puedan causar o a los que puedan contribuir a través de sus propias actividades, o que puedan estar directamente vinculados, a sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales”, y cómo las empresas toman en cuenta a las poblaciones que se verán afectadas.
“El 31 de octubre de 2025 la Misión Permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, remitió a las distintas relatorías respuesta a la lista de cuestiones que el fueron formulados el 2 de septiembre anterior, en la que si bien se reconoce el valor ambiental del Golfo de California, también se advierte que la misma Constitución mexicana “establece que el sector de hidrocarburos es un área estratégica, de interés público y seguridad nacional”.
“Por esa condición prioritaria “se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno desarrollo y, por lo tanto, sin restringir el pleno acceso a la información ambiental, de conformidad con la legislación ambiental vigente”, se apunta en el documento”.
RESPUESTAS DE LA PRESIDENCIA
En cuanto a la postura del gobierno federal, Proceso refiere:
“El gobierno de Sheinbaum resaltó que, hasta ahora, sólo tienen los trámites resueltos para su consolidación Terminal Sonora y Gasoducto Sierra Madre, realizado por México Pacific Land Holdings, S deRL De CV, así como Sierra Madre (Frontera-Puerto Libertad), construido por Transportadora de Gas Sierra Madre, de S de RL de CV.
“Al señalar que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se coordina con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para realizar las consultas a pueblos originarios, el gobierno de México respondió a los relatores que ,de los proyectos, sólo son considerados susceptibles de consulta, el Gasoducto Sierra Madre y el Corredor Norte. El resto de los proyectos estarían en “trámite de evaluación”.
“Los otros cuatro planes (Terminal GNL de Sonora, Terminal Amigo, Vista Pacífico y Terminal Cosalá) fueron descartados de ese proceso al sostener que no habría población indígena a la que consultar.
“El caso del Gasoducto Corredor Norte, a cargo de Sempra Infraestructura, que forma parte del proyecto Vista Pacífico, que comprende una “planta de licuefacción en una embarcación flotante para GNL y un sistema de transporte de gas natural”, se informó que en estos momentos la etapa de consulta “se desahoga con 33 comunidades indígenas en el estado de Sinaloa, de las cuales 29 se encuentran en fase consultiva, mientras que cuatro restantes están en etapa informativa”.
“El otro proyecto que se someterá a consulta será Gasoducto Centauro del Norte, Fase II, que se encuentra en la preparación de instalar un “Comité Técnico Asesor” para realizar una consulta indígena, luego de que el 9 de septiembre se hizo una reunión.
“En cuanto a los cuestionamientos por falta de información sobre los lugares exactos dónde se instalarán los proyectos extractivos, el gobierno mexicano indicó que, de acuerdo a la legislación mexicana, “los promovente de la obra o actividad pueden requerir a la autoridad competente se mantenga en reserva la información que forme parte del expediente a evaluar, toda vez que de resultar publicada se pudieran afectar derechos de propiedad industrial, así como la confidencialidad de la información aportada”.
“Agregó que, por lo anterior, “la información relacionada con la ubicación de los proyectos mencionados se encuentra reservada en términos de la legislación en materia de transparencia”.
“Después de asegurar que todos los procedimientos están apegados a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), el gobierno de México afirma que cumple con los Acuerdos de París y que se ha asignado a la Secretaría de Energía como ente supervisor de los “principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se pretendan desarrollar proyectos el sector energético, por medio de una evaluación e impacto social la cual incluye la identificación de las comunidades y los pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto del sector energético, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes”.
“De los remitentes a los que se dirigieron los relatores, sólo el gobierno de México envió respuesta a los requerimientos.
“Los relatores que firman las misivas son Elsa Morgera, relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Pichamon Yeophantong, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas; Alexandra Xanthaki, relatora especial en la esfera de los derechos culturales; Surya Deva, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; Albert K. Barume, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Carlos Arturo Duarte Torres, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, y Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento”.
El litoral sudcaliforniano –de cara el Golfo de California– significa más de 800 kilómetros con la principal propuesta económica de pesca y de turismo, y por tal de los ingresos de miles de familias y de los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú (con relativa pequeña porción costera), La Paz y Los Cabos, lo que se traduce, para los gobiernos estatal y municipales, en una vital alternativa de los recursos públicos locales.
El Golfo de California es vital para los sudcalifornianos. No a la incertidumbre; sí a la certeza.
