David Rojo
De un día a otro no estaban los puentes de El Tule, de Palmilla, de Costa Azul, el del bulevar Fonatur; sobre la curva de Acapulquito toneladas de tierra. Había desaparecido, además, la pavimentación en el Vado de Santa Anita, el de La Virgencita (a la altura de Cabo Real), del Vado de Santa Rosa y por supuesto en medio de la devastación viviendas y más viviendas enterradas y vehículos y más vehículos enterrados o arrastrados por el agua.
Las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo lucían devastadas.
Ya la temporada ciclónica de 1993 estaba por concluir.
Lluvias ligeras comenzaron a sentirse el 4 de noviembre de ese año. Se extenderían un día más.
No se trataba de ningún ciclón el 4 y 5 de noviembre de 1993.
Lluvias ligeras. Sí, permanentes.
El desborde pluvial resultaría devastador.
En 1993 habría 60 mil habitantes en Los Cabos, principalmente, en las ciudades portuaria sanluqueña y josefina; en este 2025 se estará en la banda de los 400 mil habitantes.
Han pasado 32 años de aquellas lluvias, de repetirse aquel silencioso fenómeno meteorológico de 1993, ¿quién y cómo se actuará a tiempo? Decenas de miles ocupan zonas de riesgo.
En 2017, con el paso de la tormenta tropical Lidia, quedó exhibido cómo, finalmente, se había atentado en contra de la naturaleza con corrupción e impunidad con licencias municipales para edificios habitacionales en medio de arroyos; dos edificios habitacionales colapsados por el desborde pluvial.
Esos monumentos a la corrupción siguen de pie.
Del programa federal de vivienda anunciado para Los Cabos no se ha dicho qué va a pasar con esas familias traicionadas con sus créditos del Infonavit en medio del arroyo; con el huracán Odile, en 2014, desde el Infonavit y la Sedatu sus entonces titulares Alejandro Murat y Carlos Ramírez, respectivamente, conocieron de tal felonía y terminaron por mirar hacia otro lado. Hoy, ambos, siguen en el poder y quien no obstante les aplauda, son senadores.
La pesadilla anual ha llegado.
