David Rojo
La actitud represiva sólo provocó que se sacudieran los días oscuros de omisión y simulación del Congreso sudcaliforniano.
La voz reporteril es directa en contra de la arremetida del personal de seguridad.
Se escucha claro:
–“Porque siguen entrevistando y solamente nosotros, pues”.
–“O sea, cómo es el asunto. Nos mandó a sacar porque la diputada le dijo que nos sacara. O cómo funciona”.
–“He, porque yo veo compañeros trabajando ahí”.
– “O sea, la diputada Alondra Torres que, por allá va, mandó a sacar a compañeros de la prensa por cuestionarla por las investigaciones que tiene la Fiscalía Anticorrupción contra de ella..”.
Así, encarado el personal de seguridad de la legislatura sudcaliforniana, utilizado para interponerse en el trabajo periodístico, no tuvo qué decir. Se quedó en silencio.
El reportero Gilberto Santiesteban de la plataforma periodística Hoy BCS interpondrá este viernes la queja respectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Si en el Congreso sudcaliforniano incomoda un tema que refiere del presunto despojo por mil millones de pesos al patrimonio municipal de Los Cabos por qué en lugar de este tipo de actitudes condenables en contra de periodistas, no se va a fondo de este asunto que parte de la denuncia que pusiera el Regidor del XIV Ayuntamiento, Linze Rodríguez González
en contra de la hoy diputada local Torres (cuando fungía como Síndica en el gobierno municipal de Los Cabos y otros funcionarios),
La respectiva denuncia lleva como nueve meses en la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur por lo que la investigación ministerial debería de salir del archivo.
El Regidor del XIV Ayuntamiento, Rodríguez, integró elementos para cuestionar que un predio municipal de 20 hectáreas de cara al Pacifico se habría comercializado en 50 millones de pesos cuando superaría los 900 millones de pesos, aparte que un porcentaje importante de esos 50 millones de pesos se habría cubierto con otros terrenos.
El Congreso sudcaliforniano debió de haber intervenido, revisado cuentas públicas, poner sobre la mesa el valor del predio, incluso la Auditoría Superior de Baja California Sur debe de contar con un informe y la propia Fiscalía Anticorrupción debió de haber sido ágil en la investigación.
De esta manera el Congreso de Baja California Sur se exhibe con otro caso más de omisión y simulación sin importar el perjuicio que esto le genere al pueblo.
Y de Leggs. Por motivos de salud, la audiencia ministerial por un crédito de 200 millones de pesos, hasta el próximo 9 de enero de 2025.
*Durante el periodo Guadalupe-Reyes (12 de diciembre-6 de enero) la columna Tecla 7/6 estará ausente; en igual periodo se estará ausente del programa radiofónico que se lleva a cabo de las 13:00 a 14:00 horas, de cada martes, Hablando de Política, en cuyo esfuerzo coinciden el sitio Los Cabos Extraordinario y Radio Chureya 107.9 FM.
