Condenamos enérgicamente la detención abusiva y arbitraria de la cual fue objeto, este viernes 9 de enero, el director
General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, la cual se registró en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León,
cuando Armando se disponía a abordar un vuelo doméstico con fines vacacionales.
Lo sucedido no puede ni debe entenderse como un hecho aislado. Se trata de un acto desproporcionado, injustificado
y profundamente preocupante, que exhibe un uso indebido del aparato de procuración de justicia y un preocupante
sesgo en la aplicación de la ley.
La detención de Armando Castilla Galindo se deriva de una controversia de carácter mercantil, relacionada con un
bien inmueble ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este bien, propiedad de la familia Castilla Galindo, forma parte
de un proceso mercantil en el que dicho predio está dado en garantía, pero no se encuentra embargado ni sujeto a
litigio.
En ese contexto, se armó un contrato de arrendamiento para la instalación de un anuncio espectacular sobre una
porción del predio, equivalente a 45 metros cuadrados. A partir de este acto —plenamente documentable y realizado
en el marco de la ley— se construyó de manera artificiosa un caso penal por un supuesto fraude, cuyo único propósito
es desprestigiar la imagen pública de Armando Castilla Galindo y de su familia.
Hasta ahora no se ha transparentado quién es la contraparte, ni se han ofrecido explicaciones claras que justifiquen la
transformación de un conflicto mercantil en una persecución penal.
Resulta inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un
espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo, con una fuerza desmedida, como si se tratara de la captura de
un criminal de alta peligrosidad.
Todo esto ocurre en un país donde 52 personas son asesinadas diariamente, donde grupos criminales actúan sin
castigo, donde existen desfalcos millonarios por parte de servidores públicos, redes delictivas y corrupción sistemática,
la mayoría de las veces sin consecuencias judiciales.
La desproporción es evidente y ofensiva.
Más aún, el delito que se pretende imputar no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa según las
leyes mexicanas, por lo que cualquier intento de mantenerlo privado de la libertad constituye un abuso de poder y una
violación a los principios básicos del debido proceso.
Advertimos con profunda preocupación que este caso sienta un precedente alarmante: la utilización del sistema penal
para dirimir disputas mercantiles y dañar la reputación de directivos de medios de comunicación y, en última instancia,
silenciar a la prensa incómoda al poder.
Este tipo de prácticas no sólo vulnera derechos individuales, sino que atenta contra la libertad de expresión, el ejercicio
periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada.
Exigimos que las autoridades actúen con legalidad, proporcionalidad y apego irrestricto al debido proceso, y que este
caso sea tratado en el ámbito que corresponde: el mercantil, no el penal.
La justicia, reiteramos, no puede ser un instrumento de presión ni de venganza a conveniencia.
