David Rojo
Así se instruyó a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS):
“Que presente las denuncias penales y administrativas correspondientes, así como tramitar la investigación de faltas administrativas, para deslindar responsabilidades por los hechos y omisiones detectadas y procurar la indemnización o reparación de los daños que se hayan causado al patrimonio público”.
La instrucción del Congreso sudcaliforniano desde hace más de un mes…¿y?
El reciente 30 de octubre la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur no aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 del municipio de Los Cabos, tras el análisis y revisión técnica de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASEBCS) sobre el dictamen técnico y legal emitido por la propia ASEBCS.
El 2023 corresponde a la administración municipal del trienio 2021-2024 presidido por Óscar Leggs Castro (Morena) y cuyo pronunciamiento legislativo en el comunicado 491/2025 no se dan mayores precisiones por quienes ocupan escasos legislativos, tanto de morenistas y aliados de Morena.
Sin embargo, en la discusión, la diputada Lupita Saldaña (PAN) “señaló actos de corrupción al referir 208 observaciones de las cuales quedaron 171 por solventar, que ascienden a más de 2 mil mdp, de los más de 4 mil mdp del presupuesto asignado a ese municipio en ese ejercicio fiscal”.
De los dos mil millones de pesos hacía meses que se habían divulgado observaciones respectivas de la ASEBCS, no obstante Leggs Castro recibiría vía declaraciones a medios el considerado abrazo de carnal político del gobernador Víctor Castro.
En el comunicado 491/2025 se indica la decisión “se fundamenta en diversas omisiones e irregularidades detectadas durante el proceso de fiscalización, a pesar de que la cuenta, en términos generales, cumple con la normativa de la Ley de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)”.
También, se cita que “algunas de las principales irregularidades no solventadas fueron la falta de pólizas de cancelación de más de una decena de obras públicas una vez concluidas, sin menoscabo de haberse detectado la no presentación de invitaciones, bases y anexos en procesos de adjudicación directa de dichas obras públicas”.
Ya se está en diciembre de 2025, es decir han pasado dos años que concluyera el ejercicio fiscal municipal 2023, así ¡dos años! Y nada de certeza de esos dos mil millones de pesos.
Ahora ya se instruye que se proceda con denuncias penales y administrativas “correspondientes”.
El único hecho hasta el momento es que sólo pasan los días y queda el irónico…¿y.?
