David Rojo
Así está la cosa:
“Planta que pretende producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día, para lo cual succionaría 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora”.
De cara al Golfo de California.
Desde Topolobampo, Sinaloa.
Once redactores de la ONU han expresado su preocupación. ¿Cuál es tu postura gobernador Víctor Castro? ¿Cuál es la postura del Congreso sudcaliforniano?
No puede estar mirando hacia otro lado Baja California Sur cuando se podría estar ante un grave problema vecinal.
Proceso, en nota informativa de la periodista Gloria Leticia Díaz, recién publicó:
“Once relatores de mecanismos especiales de Naciones Unidas (ONU) manifestaron su “profunda preocupación por el impacto ambiental, en derechos humanos y social” que está teniendo la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa Proman, proyecto financiado por capital suizo y alemán”.
“… la planta que pretende producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día, para lo cual succionaría 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora, lo que acabaría con al menos 500 toneladas al año de larvas de camarón, pesca de la que viven aproximadamente 3 mil pescadores de las bahías de Ohuira y Topolobampo”.
También, se indica que “aunado a los daños ambientales, en las comunicaciones dirigidas a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, así como a las empresas Proman, GPO y el banco alemán KFW IPEX Bank, los expertos independientes llaman la atención por “las alegaciones sobre la falta de un proceso de consulta adecuado, de acuerdo con los estándares internacionales, para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, e involucrar a todas las personas afectadas en los procesos que tienen impacto en su vida cultural y sus medios de subsistencia, antes de la iniciación del proyecto”.
Asimismo, expresaron su preocupación “por la falta de medidas tomadas para proteger contra potenciales violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente por parte de las actividades de la empresa constructora de la planta”.
Las comunicaciones fueron firmadas por los relatores especiales sobre derechos de los Pueblos Indígenas; sobre la esfera de los derechos culturales; sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; sobre la promoción y protección sobre los derechos a la libertad de opinión y de expresión; sobe el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; sobre la situación de defensore de derechos humanos; sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancias y sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento.
En las cartas enviadas a las partes involucradas el 19 de septiembre pasado, pero dadas a conocer recientemente, los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ocupar los mandatos mencionados, resaltan que el sitio impactado por la planta de amoniaco, el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, fue reconocido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) en 2009.
No sólo eso sino que el sistema lagunar se encuentra en medio de otros dos sitios Ramsar y dentro el mismo sistema Santa María-Topolobampo-Ohuira, hay una serie de islas pertenecientes al Área de Protección de Flora y Fauna “Islas del Golfo de California”, sitio declarado como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la Unesco desde 2005, entre otras zonas de conservación de especies marinas, delfines, tortugas, crustáceos peces y aves residentes y migratorias, algunas en peligro de extinción, además de que en la zona predominan manglares, convirtiendo a la zona “de gran importancia para mitigar y prevenir los impactos negativos del cambio climático en los derechos humanos”.
Los expertos citan el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la misma empresa, sobre la primera fase del proyecto, en el que reconoce que una fuga de cinco minutos de amoniaco por algún accidente, la bahía se convertiría en una zona con “un peligro inmediato a la salud o a la vida”, que podría alcanzar una nube tóxica de 45 kilómetros afectando a una población de más de 400 mil personas y a todo el ecosistema lagunar”.
De la revisión del caso, los expertos concluyeron que “no existe información pública y específica sobre cómo las empresas y las entidades financieras hicieron para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y su responsabilidad de eliminar (pase out) los combustibles fósiles, a través de políticas y procedimientos apropiados”.
Los cuestionamientos al Estado mexicano están también dirigidos a presentar “las evaluaciones de impactos ambientales y de derechos humanos” aplicadas a GPO “y otros que están en vías de desarrollo en la bahía de Ohuira, así como las medidas de seguimiento y control en relación con dichas evaluaciones, para asegurar que las operaciones de las empresas prevengan, mitiguen y reparen impactos causados al medio ambiente y a los derechos de las personas que habitan en el lugar, con particular atención a los impactos sobre la niñez”.
En el caso específico del proyecto de la planta de amoniaco, los expertos independientes solicitaron al gobierno mexicano informar si orientaron a la empresa Gras y Petroquímica de Occidente “sobre la forma de respetar los derechos humanos en todas sus actividades de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (Principios Rectores), en particular en materia de debida diligencia”.
Asimismo, se requirió al país informar sobre las medidas que ha tomado o tomará “para asegurar que las y los habitantes de Topolobampo, incluyendo al pueblo indígena yoreme, tengan una reparación integral y efectiva de conformidad con el derecho internacional, incluyendo los Principios Rectores”.
Al señalar que el caso será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los expertos urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum tomar medidas de protección para los defensores mencionados, así como “investigar, procesar e imponer sanciones a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como evitar que hechos como los denunciados se repitan.
Firmaron las misivas los relatores especiales Albert K. Barume, Alexandra Xanthanki, Astrid Puentes Riaño, Irene Khan, Gina Romero, Tlaleg Mofokeng, Mary Lawlor, K.P. Ashwini y Pero Arrojo- Agudo así como los presidentes de los grupos de trabajo, Pichamoon Yeophantong y Carlos Arturo Duarte Torres.
Referencia.
Proceso:
