David Rojo
Al dictaminar la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso de Baja California Sur en “sentido positivo”, entre otros nuevos cobros (e incrementos extraordinarios en otros) enviados para su aprobación a la legislatura sudcaliforniana por el gobernador Víctor Castro, el pago referido por “eventos masivos sin fines de lucro”, exhibe visto bueno a redacción precaria y cultura del alineamiento legislativo con lo autoritario del “no le quiten ni un coma”.
Más que “sentido positivo” en la Comisión de Asuntos Fiscales debió de haberse dado “sentido común” a la redacción y contenido de la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se pretende reforma la fracción V del artículo 16 de la Ley de Derechos y Productos del estado de Baja California Sur, y sobre lo que ya se dio un primer paso por demás contradictorio con el respectivo “sentido positivo”.
En el sentido común si se toma de referencia al Diccionario de la lengua española de lo que significa evento con el agregado de “masivo sin fines de lucro”, pues ante la ausencia de precisión legislativa al respecto por toda convivencia social, religiosa, deportiva, artística, escolar, de recorridos en grupos de avistamiento de aves o de ballenas, se deberá de pagar.
Y un mal paso ante la falta de apertura, tiende a generar otros pasos equivocados, como el hecho mismo de más embates a la economía de empresas en donde se realizan “eventos masivos con fines de lucro”. Es decir, de entrada aparte de la sociedad en su conjunto, también en primera lista hoteles y restaurantes; aparte de incrementos extraordinarios fuera de toda inflación por el supuesto respaldo en ingresos para la Subsecretaría estatal de Protección Civil.
Así como está (la redacción del dictamen con “sentido positivo” a eventos masivos sin lucro), se tendrá que pagar por parte de los futbolistas llaneros, los beisbolistas, los basquetbolistas, las competencias atléticas, cuando se convoque a reuniones de padres de familia, cuando se vaya a recibir boletas, por las mismas o encuentros religiosos, y tantos otros eventos más que por su naturaleza son masivos tal cual las caballadas, o los cumpleaños de políticos.
El texto que sigue es lo que recibió el pronunciamiento de “sentido positivo” de la Comisión legislativa referida:
“–Revisión y aprobación de plan de contingencias para la realización de eventos masivos, sin fines de lucro anuencia para eventos masivos; $1,470.82”.
Así de esas, sin exclusiones “eventos masivos”.
Ahora tal iniciativa deberá de pasar al pleno de la legislatura sudcaliforniana, finalmente, para su aprobación, rechazo o congeladora; en cuanto a lo de rechazo o congeladora, se duda dado el elemento, además, por el que incurrió en omisión la Comisión de Asuntos Fiscales:
–No se precisa qué se va a hacer con los ingresos que se capten con estos nuevos cobros y el extraordinario crecimiento en otros, hay generalidades. A tal punto que en el pronunciamiento legislativo se cita a secas, “de lo recaudado se destinará el treinta por ciento para operatividad de la Subsecretaría de Protección Civil, siendo reintegrado anualmente”. ¿Qué monto se pretende con ese 30 por ciento y cómo se etiqueta? Y del 70 por ciento restante, tal cuál la expresión popular, ¿qué onda?
Es posible que en el Congreso sudcaliforniano se piense en no afectar para nada a la sociedad con la fiscalización de eventos masivos sin fines de lucro, pero no se trataría de lo que pudiesen estar pensando o diciendo en reuniones públicas, sino lo que están aprobando con una redacción bajo cuestionamiento y un argumento sin el debido sustento al aludir a protección civil sin la mínima referencia en el accionar por las miles de familias sudcalifornianas asentadas en zonas de riesgo. Aparte de los extraordinarios aumentos en cobros que se aplicarían a empresas o profesionales.
Del “sentido positivo”, al sentido común.
