David Rojo
Si está sobre la mesa que gobiernos estatales y municipales habrían procedido con operaciones en tres instituciones financieras mexicanas puestas en fechas recientes sobre la lupa por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero, queda por saber qué va a pasar en Baja California Sur, de existir tratos financieros con gobiernos sudcalifornianos –estatal y municipales–, con algún crédito o fideicomisos incluso con algún o algunos bancos convencionales de por medio.
En cuanto a cŕeditos y fideicomisos en gobiernos locales, sin embargo la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur, el Congreso o algún Ayuntamiento no han reportado presiones negativas en la fortaleza crediticia de la estructura de deuda y en la liquidez del emisor.
En un despacho de Apro, acreditado a la periodista Camila Ayala Espinosa, se indica que “las finanzas de los estados y municipios estarían enfrentando posibles presiones ante las acusaciones por narcolavado que el gobierno de Estados Unidos dirigió contra CIBanco e Intercam, señaló Moody’s en un análisis publicado el 7 de julio”.
Se puntualiza, también, en la revista de análisis e investigación que “si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actuó con rapidez al intervenir ambas instituciones y ordenar la transferencia de sus negocios fiduciarios a la banca de desarrollo, el riesgo operativo no está completamente disipado, sobre todo en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos asociados a deuda subnacional”.
“En el caso de los estados y municipios, los contratos de deuda establecen que, ante una situación en que el fiduciario deje de efectuar los pagos oportunos, el banco puede exigir el pago directo del emisor, posiblemente generando presiones negativas en la fortaleza crediticia de la estructura de deuda y en la liquidez del emisor”, expuso Moody’s.
Aunque hasta el momento no se ha producido un incumplimiento, Moody’s señaló que estos pasivos contingentes podrían activarse si el proceso de escisión se complica, si surgen controversias legales o si los nuevos fiduciarios —probablemente entidades públicas— no logran ejecutar con la misma eficiencia las funciones asignadas.
En su informe, la calificadora también reconoció los esfuerzos regulatorios para mitigar este escenario.
“Aunque no se puede descartar que ciertos riesgos operativos persistan en el sector, esperamos que la intervención gerencial de parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y la transferencia del negocio fiduciario ayudarán a mantener un funcionamiento normal de los fideicomisos durante un periodo de transición en donde la mayoría de los emisores probablemente llevarán a cabo sustituciones de fiduciario”, apuntó.
Aristegui Noticias en despacho del miércoles 9 divulgó:
“CIBanco aseguró el martes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que mantiene sus operaciones fiduciarias con normalidad y que no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por autoridades mexicanas ni estadounidenses”.
En un evento relevante, CIBanco señaló el martes que “no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”.
Además se indica por referencia de CIBanco que “no existe impedimento legal o regulatorio que limite la participación de fedatarios públicos en la instrumentación de las transacciones”.
Detalló que se encuentra bajo la “administración cautelar de Alvarez & Marsal México, S.C.”, designada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
También, en Aristegui Noticias en despacho aparte se publicó que “el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este 9 de julio de 2025 que amplió hasta el 4 de septiembre el plazo para la entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA de CV”.
Se indica que “la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) explicó que la extensión responde a las acciones tomadas por el Gobierno de México, que incluyen la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito”.
