David Rojo
Sí, tiene fundamento la diputada local Guadalupe Vázquez cuando afirma:
“El fuero constitucional que otorga inmunidad a ciertos funcionarios frente a procesos judiciales, ha sido un tema polémico durante años. Si bien fue creado para proteger a los representantes populares de persecuciones políticas, ha sido utilizado en ocasiones para eludir la justicia, lo que ha contribuido a la impunidad”.
Por tal razón en el Congreso sudcaliforniano se socializa la iniciativa que impulsa la legisladora Vázquez por la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos en Baja California Sur.
En el Boletín 048/2025 de la legislatura sudcaliforniana se observa que de ser aprobada la iniciativa en mención, Baja California Sur se convertiría en el Estado número 18 en levantar la mano para eliminar el fuero constitucional; “un instrumento –se indica– que ha servido como refugio para la impunidad dentro del servicio público”.
Sin embargo no sólo ha sido un lastre para el desarrollo de Baja California Sur –y en particular de Los Cabos– la corrupción e impunidad en la función pública; por supuesto, también, una severa carga social ha resultado con la simulación y omisión del propio Congreso sudcaliforniano.
Por citar, no se ha actuado en nada –en la actual legislatura sudcaliforniana– por las observaciones de presuntas irregularidades en el manejo de dos mil millones de pesos que hiciera la Auditoría Superior de Baja California Sur al Presupuesto Municipal 2022 del XIV Ayuntamiento de Los Cabos y que presidiera Óscar Leggs, quien incluso desde hace casi medio año se encuentra sin fuero.
La diputada Guadalupe Vázquez expresó que la iniciativa responde a la necesidad urgente de revisar el exceso de servidores públicos que gozan de inmunidad procesal.
La diputada Vázquez –al menos con la cita del comunicado de prensa– se expresa en presente. Si se va a fracturar, finalmente, el muro legislativo de la simulación y omisión, entonces, diputada Vázquez queda la interpretación que el Congreso sabe de conductas contrarias al interés social en cuanto a quién, quiénes y por qué casos. Entonces, que no se quede en la generalidad con lo que al final de cuentas sólo se absuelve y no se llega a nada ni a nadie.
¿Está, acaso, el Congreso de Baja California Sur por pronunciarse y actuar en consecuencia en contra de los pretendidos de integrantes del Cabildo del XV Ayuntamiento de Los Cabos con la Tercera Actualización del Plan de Desarrollo Urbano?
El Gobernador Víctor Castro se ha pronunciado –desde luego tras aquella llamada desde palacio nacional– por el camino costero a Cabo Pulmo. Pero, está visto que hay temas sobre el pretendido del PDU de Los Cabos en silencio oficial, tal cual el presunto municipal de legitimar uso de suelo en el que se liberaron criminales licencias municipales de construcción para desarrollos habitacionales en medio de arroyos en Cabo San Lucas y San José del Cabo.
Según la diputada local Vázquez, “la medida busca atender principios fundamentales como la democracia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, al eliminar la declaración de procedencia, que actualmente propicia una desigualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos. Esta situación, a su vez, puede dar lugar a actos delictivos y violaciones graves de la ley bajo el amparo de la impunidad”.
Diputada Vázquez en Los Cabos hay monumentos a la corrupción e impunidad con miles de vidas en peligro: ¿por qué el Congreso de Baja California Sur no actúa desde ya y en consecuencia en contra de este latrocinio?
Que la sociedad no se siga llenando de leyes que al final de cuentas resultan en letras muertas.
